“Opinión pública y las elites económicas, sociales y políticas”. Lex, Difusión y Análisis.

Número 142, Abril de 2007.

Por: Sergio Salvador Aguirre Sánchez.
Consultor independiente y Catedrático de Teoría General del Estado de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.
sergio_aguirre@aguirre-consultores.com.mx

La democracia es un gobierno de opinión, la cual se materializa en el voto ciudadano. El vínculo entre democracia y opinión pública es constitutivo. Entre la opinión pública sea más autónoma, la calidad democrática del sistema se incrementará.

Las anteriores afirmaciones parecen en estos tiempos ser desconocidas por muchos. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de la elección presidencial de 2006, contiene reproches de ilegalidad por la conducta desplegada por algunos integrantes de las elites económicas e incluso por ciertos políticos por el simple hecho de haber desempeñado su papel en la formación de opinión pública durante la campaña. Esos reproches han servido de pretexto para tachar como ilegítima a una elección que sí lo fue. Además, como consecuencia, cualquier crítica o desacuerdo mínimo con aquellos que afirman fraude, por parte de la elite económica, social o política, es inmediatamente acusada, exigiendo silencio.

Sartori citando a Deutsch, nos explica como se forma la opinión pública y cual es el papel de cada quien en esa formación. Normalmente, se forma en cascada, donde inicia en las elites económicas, sociales y políticas, para luego pasar por los medios masivos de comunicación y atravesar el filtro de los líderes locales de opinión y finalmente, llega a la masa. Puede también eventualmente por una crisis política económica o social, crearse de abajo hacia arriba mediante estallidos de opinión, donde la influencia de los intelectuales es fundamental. Y finalmente, se forma mediante la identificación de los grupos (familia, partido, religión, etcétera). Estos procesos no son lineales ni exactos, existen retroalimentaciones y distorsiones.

En este sentido, la opinión pública será autónoma (veraz) —y por lo tanto en sintonía con un sistema democrático— en tanto todos y cada uno de los mecanismos antes anotados fluyan naturalmente. Para ello, las garantías individuales y en específico aquellas que impiden a los poderes silenciar o dejar silenciar a los ciudadanos deben encontrarse vigentes en su plenitud. Ya hemos visto como la Iglesia católica, la nueva Presidencia y las agrupaciones empresariales y profesionales, han sido atacadas, buscando no otra cosa sino reducirlas a mudos testigos, pretendiéndose aplastarlos, pero ahora se ha llegado al extremo de acallar directamente a los propios comunicadores, tal como le ocurrió a Carlos Tello.

Nosotros creemos que una cosa es gobernar y otra muy distinta el formar opinión pública. No corresponde a las iglesias, a las agrupaciones empresariales, ni a cualquier otra entidad que represente a las elites económicas o sociales gobernar: ello toca a las autoridades legalmente instituidas. Sin embargo, sí les toca ser parte integrante en la formación de la opinión pública, ya sea durante el periodo electoral o fuera de él. No tienen además solo el derecho, sino el deber cívico de hacerlo, siempre y cuando no violen la ley.

Parece que lo políticamente correcto es ahora dejar pasar los agravios a nuestra joven democracia, para parecer tolerantes o no represores, cuando en el fondo, lo que se pretende es terminar con la autonomía de la opinión pública que si bien, su calidad no es ni nunca lo será perfecta, hoy es bastante respetable.

Las elites económicas, sociales y políticas no tienen porque callarse: todo lo contrario. Es ahora más que nunca cuando deben hablar con mayor temple y fuerza, llevando a cabo su correspondiente labor en la democracia, sin miedo..
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