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“Salarios altos para altos funcionarios”.
Mural, 19 de marzo de 2007.
6.
Opinión Invitada
En 2003 el CIDE publicó un trabajo de Laura Carrillo y Juan Pablo
Guerrero acerca de los salarios de los altos funcionarios de México.
En dicho estudio se establecen algunas hipótesis acerca de por qué
dichos salarios son mucho más altos en comparación con otros países,
desarrollados y en vías de desarrollo.
Algunas de estas explicaciones son las siguientes: la incertidumbre
laboral en la función pública, la falta de mecanismos adecuados para
medir el desempeño y para rendir cuentas, la desigualdad proverbial
de nuestro país en el ingreso. Un dato además muy importante: si se
hace una comparación entre funcionarios mexicanos y extranjeros
respecto del salario neto, los mexicanos aparecen por mucho mejor
pagados, empero, si la comparación incluye su pensión, se
equilibran.
Ello ocurre porque en México no hay sistemas de pensiones que en
realidad garanticen la seguridad económica de los funcionarios hasta
su muerte; y en cualquier momento pueden ser despedidos, lo cual es
compensado por el alto salario.
Cuando fui funcionario público participé en la creación del Servicio
Fiscal de Carrera del Servicio de Administración Tributaria. Fue un
trabajo monumental y costoso. La finalidad era precisamente eliminar
la incertidumbre laboral y regular ascensos, la realización de
exámenes de oposición y un largo etcétera. El sistema se inició: se
hicieron exámenes a todos los administradores y subadministradores
del país; todos comenzamos a conocer y a movernos en las nuevas
reglas, pero llegó el cambio de Gobierno de Vicente Fox, y el
Servicio Fiscal de Carrera fue eliminado de un plumazo por los
nuevos jefes -también priistas por cierto-, que luego corrieron y
metieron a cuantos pudieron; sólo algunos de ciertas áreas nos
salvamos de la vendetta. Esta situación nunca se ventiló en la
prensa.
Todo lo anterior lo traigo a colación porque considero que en
efecto, como lo dice el estudio referido, la principal razón de los
altos salarios es esa inseguridad. Además, los funcionarios de
confianza tienen que trabajar lo que los sindicalizados dejan de
laborar porque las prebendas, disfrazadas de victorias sindicales,
en la mayoría de los casos consisten en trabajar menos tiempo, lo
cual les permite tener otra ocupación sin que eso le cueste al
Estado; sin tener que subirles el sueldo.
El asunto no es tan sencillo como lo entienden nuestros
legisladores. Ellos creen que poniendo un límite a los salarios de
los funcionarios van a solucionar el problema; otra vez pues,
poniendo la carreta antes de los bueyes. Lo único que van a obtener
es que los funcionarios mejor calificados del Gobierno, que se
encuentren en su edad de máxima productividad, renuncien.
El camino es otro, en donde la reducción de salarios de los
funcionarios de confianza y la elevación de los sueldos de los
sindicalizados es el último paso. En ambos casos, no se puede hacer
una norma que determine cuánto van a subir o cuánto van a bajar,
sino que dependerá de cada caso en particular.
En este sentido, hay que rescatar el interés de nuestros
legisladores de hacer algo. Sin embargo, están mostrando un
verdadero desconocimiento del tema. Primero hay que arreglar las
causas del problema y después atender su efecto.
Pero sé que es un tema de orden que quizá no sea tan popular y
vistoso como el bajar los sueldos de la burocracia de un jalón.
En todo caso, la ley se va topar con pared: con la realidad -y no la
va poder cambiar-.
Sergio Salvador Aguirre Sánchez es socio de la firma Aguirre,
Consultores Legales..
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