Fracaso del voto en el extranjero: cuando se aprueba una ley contra principios.

 

Por: Sergio Salvador Aguirre Sánchez.

 

El establecimiento del voto en el extranjero contradijo los principios liberales de nuestra Constitución. Cuando se aprueba una ley que va en contra de principios jurídicos, su destino regular es el fracaso. Un ejemplo de esto es nuestra legislación laboral. Es una ley que coloca artificialmente en una situación de minusvalía jurídica al patrón, para así supuestamente, ubicarlo en una situación de igualdad de hecho con relación al trabajador. El resultado es nítido: una ley que no nos permite ser competitivos, fomentadora de corruptelas y catalizadora de abusos.

 

Lo mismo ha ocurrido con el voto en el extranjero. Además de la rabia, que como contribuyentes nos debe dar el despilfarro de recursos dado para solventar esta nueva figura, el resultado se prevé negativo. A lo sumo votarán, tal como van las cosas, un 2% de los mexicanos residentes en el extranjero.

 

El criterio patrimonialista tomado como justificación para echar a andar el voto en el extranjero va en contra de los principios de residencia y de universalidad del voto. Recordemos que inicialmente solo tenían derecho a nombrar representantes en los parlamentos los dueños de la tierra, por lo cual, no eran la nacionalidad ni la residencia los criterios observados, sino la propiedad.

 

Luego, en las constituciones liberales se amplío el voto a todos los hombres, fueren propietarios o no propietarios, y más adelante también a las mujeres, dejando atrás en definitiva el criterio patrimonialista.

 

Ahora, los criterios de nacionalidad y residencia ¾unidos¾ son normalmente utilizados para definir a quien le toca votar. En algunos Estados europeos, el derecho de voto, e incluso el de participación política, giran en torno a la residencia, pero siempre y cuando los votantes sean nacionales de cualquier otro país comunitario.

 

En nuestro país, antes de la reforma, coincidían los criterios de nacionalidad y de residencia.

 

Así, era justificante el vínculo nacional, cuya función es unir jurídicamente al individuo votante con el Estado, pero además, el criterio de residencia obedecía a los vínculos culturales, tributarios (se pagan impuestos donde se reside) y en general de intereses vitales o económicos del lugar donde se residía.

 

La reforma constituyó entonces un regreso al criterio patrimonialista, donde la residencia no es ya (junto con el de nacionalidad), el criterio o principio rector del derecho de voto. Ahora según eso, ya no es tan importante el vínculo cultural, el hecho de que se paguen impuestos o no en el país, estado o municipio en el que se resida, o los intereses personales que se tengan, sino que lo importante es el hecho de generar recursos en el extranjero y mandarlos al país.

 

Ese es el problema, no el atribuirles una falta de desinterés a nuestros connacionales en el extranjero o un equivocado actual del Instituto Federal Electoral ¾mismo que se opuso desde el inicio a esta situación¾. Ojalá nuestros legisladores aprendan de esta equivocación y sean en adelante sumamente concientes de su papel: ser los intérpretes políticos de nuestra Constitución.

 

Los partidos políticos oligopólicos, ¿un mal necesario?

 

Por: Sergio Salvador Aguirre Sánchez

 

A decir de Sartori, la democracia política es una forma de Estado, pero no es fácil comprenderla. Tiene dos dimensiones: horizontal y vertical. De ésta última, existen dos contextos, ambos necesarios para entenderla cabalmente: lo que es la democracia ¾punto de vista descriptivo¾ y lo que debe de ser ¾punto de vista prescriptivo¾.

 

Desde el punto de vista horizontal, la democracia es un gobierno de opinión, la cual, junto a la democracia electoral, son la base del edificio.

 

Desde la óptica vertical, es decir, desde el prisma del quien es el que manda y quien es el que obedece, la democracia se caracteriza por el leadership, o sea: por el mandar guiando. Pero, ¿quien es el que manda? Hay quienes afirman que se trata de una oligarquía compuesta de los mismos de siempre. Ese argumento nunca ha podido ser comprobado. Es por ello que el autor citado, define a la democracia como una poliarquía electiva; un gobierno de muchos que no se autoimponen en el poder, sino que son electos por otros para ejercerlo.

 

Pero se hace una pregunta de lo más interesante: ¿Qué valor tiene el que la suma de voluntades a través del voto sea valiosa? Y llega a la siguiente conclusión: lo valioso es que se presupone se está seleccionando al mejor del grupo, desprendiendo de ello el deber ser de la democracia: buscar ser una poliarquía selectiva, osea, lograr hacer llegar al poder a los mejores de entre los que votan.

 

Lo anterior lo traigo a colación, porque el pasado 19 de enero, apareció en la editorial de EL INFORMADOR un interesantísimo artículo de Leo Zuckermann intitulado “Oligopolio electoral”, en donde compara a los partidos políticos con cadenas de restaurantes. Concluye ese excelente editorialista ¾con el cual prácticamente siempre coincido¾ que la situación de tener tan pocas ofertas políticas encarece la calidad de la política, e insinúa la debatida postura de las candidaturas independientes como una solución a esa escasa oferta.

 

Yo estoy de acuerdo parcialmente con él. Creo que la creación de partidos políticos debería ser un trámite más sencillo, si bien con los suficientes candados para evitar se conviertan en negocios o en mercancía pronta a ser subastada. Sin embargo, como ya se indicó antes, la democracia debe buscar seleccionar entre nosotros a los mejores para que nos manden guiando. Ello creo, se contrapone con la idea de permitir postularse al que se le apetezca.

 

Los partidos políticos en una sociedad democrática son indispensables. Entre sus funciones, la principal es servir de filtro en la selección de los mejores. Por ello, considero que el camino para elevar la calidad de la política depende de los propios partidos y de la presión que sobre ellos ejerce la opinión pública. Entonces, sería interesante enfocar la crítica más hacia la búsqueda del mejoramiento de esas instituciones, que a su descalificación. Lo anterior implica una mejor trasparencia de los partido para, por ejemplo, poderles exigir destinen mas recursos a la capacitación de sus integrantes, en lugar de despilfarrarlos en propaganda.