La política criminal represiva en el Estado de derecho democrático y constitucional.

Por: Sergio Salvador Aguirre Sánchez. (Presidente del Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados)

En el Estado autoritario mexicano de hasta medianos de los noventa, bien cabía la actual política criminal represiva. Esa política nos la describe y critica muy bien Daniel E. Herrendorf:

“La idea de la protección de la seguridad pública a través de más leyes penales, tipificación de más delitos y penas más graves, suspensión de excarcelaciones y demás, puede tener dos perfiles:

a.                 Responde a la mentalidad ingenua que dominaba a los cavernícolas que creían que atrapaban a las fieras que dibujaban en la pared de la caverna. Sería un residuo del pensamiento mágico.

b.                 Responde a un grado de perversidad más alto que el usual en las políticas criminales. Las agencias jurídico-penales no ignoran que sus sistemas de selectividad condenan a los más vulnerables y despenalizan a los poderosos. Todo está en el grado de vulnerabilidad; en general son condenados los pobres infelices que no tienen dinero para sobornar, ni poder público, ni amigos oficiales.

Además, el sistema penal condena a los fracasados: los que consuman una empresa criminal exitosa cuentan con un altísimo grado de invulnerabilidad.

En suma, el sistema penal, cada vez más irracional y represivo, no parece servir para lo que se supone que podría servir, y es muy eficaz para controlar, reprimir injustamente, agobiar a los vulnerables y mantener sistemas de infravida; problemas a los cuales los funcionarios públicos han respondido generalmente con más presos, cárceles llenas, y el mito del delincuente archivado.”

Hasta aquellos años, México no era un Estado de derecho democrático y constitucional. Se transigía regularmente con la ley a través de sistemas de compensaciones que sustituían a su aplicación. La elecciones no eran competidas, limpias y absolutamente confiables y no teníamos un Tribunal Constitucional. El gobierno era arbitrario y autoritario. Los límites marcados en la Constitución, eran regularmente rebasados por la figura presidencial sin que ello molestara a muchos. En fin, cada vez mas atenuado, ese era el Estado mexicano previo al actual.

En ese Estado, la aún vigente política criminal represiva, iba bien. Dicha política con ese Estado antidemocrático, casaban bien: funcionaban bien unidas. Sin embargo, conforme el Estado mexicano se fue adentrando a su transición ¾coincide el inicio de la transición con la crisis de 1994 y el aumento generalizado de la delincuencia en el país¾ la política criminal se mantuvo. Ello sin duda ha contribuido al deterioro en la seguridad pública nacional, porque si bien la crisis elevó los indicies de delincuencia, una vez desaparecidas sus secuelas, dichos índices se mantuvieron.

No es entonces mediante la elevación de penas, ni mediante el abuso en la prisión preventiva que degenera en el mito del delincuente archivado, como se podrá atacar eficazmente la inseguridad pública. Se requieren modificar los paradigmas. Tomar caminos contrarios a los tradicionales.

Ello es obviamente difícil y requiere de un monumental trabajo, pero es preferible iniciar ya, a continuar con el viejo modelo, mismo que demuestra con cada vez más frecuencia, su inutilidad con los grandes fracasos de la procuración de justicia por todos conocidos.

Si los encargados de la procuración de justicia en nuestro país, no alcanzan el desarrollo obtenido por los jueces mediante su independencia, es porque no se han percatado que nuestra nación ya cambió. Tenemos pues, un poder judicial desarrollado, actualizado a las nuevas condiciones estatales y una procuración de justicia vetustísima y atrofiada.

Nuestro Estado de derecho democrático y constitucional exige una política criminal seria y no represiva que evite la impunidad. El no hacer nada por alcanzarla es un verdadera irresponsabilidad.