¿PUEDE HABER UN CONFLICTO DE NORMAS ENTRE LEYES FEDERALES Y UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR?
 

6. OPINIÓN DE SERGIO SALVADOR AGUIRRE SÁNCHEZ.[1]

El problema principal que de persistir el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la SCJN) ¾consistente en solucionar las antinomias que ocurran entre la ley y el tratado mediante el criterio jerárquico¾, es que provoca soluciones antijurídicas.

Lo anterior puede ocurrir porque desde nuestro particular punto de vista, es el criterio de especialidad el que debe utilizarse para determinar la norma aplicable cuando se contradigan aparentemente un tratado y una ley.

Por ejemplo en la Ley Aduanera, existen disposiciones dictadas en cumplimiento a compromisos internacionales, como son aquellas relativas a los métodos de valoración de las mercancías. Pudiera ocurrir el caso de contraindicarse con un tratado internacional. De donde siguiendo el criterio de la SCJN, la disposición del tratado, sería invariablemente la aplicable, con independencia de la especialidad de la norma. Ello, obviamente representa una respuesta jurídica equivocada porque la norma especial siempre debe prevalecer a la general.

Pero antes de continuar, veamos algunas consideraciones importantes acerca de las antinomias y su solución:

“A las antinomias solubles las llamamos aparentes, y a las insolubles, reales, Diremos, por lo tanto, que las antinomias reales son aquellas en las cuales el intérprete queda abandonado a sí mismo, ya sea por la ausencia de un criterio o por el conflicto entre los criterios dados; a ellas dedicaremos los siguientes parágrafos.

Tres son las reglas fundamentales para resolver las antinomias

a) El criterio cronológico;

b) El criterio jerárquico, y

c) El criterio de la especialidad.

El criterio cronológico denominado también de la lex posterior, es aquel según el cual entre dos normas incompatibles prevalece la posterior; lex posterior derogat priori. Este criterio no necesita un comentario particular. Es regla general del derecho que la voluntad posterior abroga la anterior, y que de dos actos de voluntad de una misma persona, es válido el último en el tiempo.

(...)

El criterio jerárquico, denominado también de la lex superior, es aquel según el cual de dos normas incompatibles prevalece la norma jerárquicamente superior: Lex superior derogat inferiori. No hay dificultad para comprender la razón de este criterio después de haber visto en el capítulo precedente que las normas de un ordenamiento están colocadas en diferentes planos, o sea, que están dispuestas en orden jerárquico. Una de las consecuencias de la jerarquía normativa consiste precisamente en que las normas superiores pueden abrogar las inferiores, en tanto que las normas inferiores no pueden abrogar las superiores. La inferioridad de una norma con respecto a otra consistente en la menos fuerza de si poder normativo, que se manifiesta precisamente en la incapacidad de establecer una reglamentación que se contraria a la reglamentación de una norma jerárquicamente superior.

(...)

El tercer criterio, llamado precisamente el de la lex specialis, es aquel con base en el cual de dos normas incompatibles, la una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda: lex specialis derogat generali. También aquí la razón del criterio es clara, puesto que la ley especial es aquella que deroga una ley mas general, o sea que sustrae de la norma una parte de la materia para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). El paso de una regla mas amplia (que abarque un  cierto genus) a una regla derogatoria menos amplia (que abarca una species del genus) corresponde a una exigencia fundamental de justicia, entendida como igual tratamiento a las personas que pertenecen a una misma categoría. El paso de la regla general a la especial corresponde a un proceso natural de diferenciación de las categorías y a un descubrimiento gradual por parte del legislador de esta diferenciación. Dada o descubierta la diferenciación, persistir en la regla general implicaría dar igual tratamiento a personas que pertenecen a categorías diversas, y, por lo tanto, una injusticia. En este proceso de especialización gradual, llevada a cabo mediante leyes especiales, opera una de las reglas fundamentales de la justicia, la regla del suum cuique tribuere.

Se comprende, pues, que la ley especial debe prevalecer sobre la general, porque aquella representa un momento que no se puede eliminar en el desarrollo de un ordenamiento. Bloquear la ley especial ante la ley general sería detener este desarrollo. En nuestro derecho este criterio de especialidad se encuentra enunciado, por ejemplo, en el art. 15 del CP; ”Cuando varias leyes penales o varias disposiciones de una misma ley penal regulan una misma materia, la ley o disposición especial deroga a la ley o la disposición general, salvo que se haya establecido de otra manera.

La situación de antinomia, creada por la relación entre una ley general y una ley especial, corresponde al tipo de antinomia total-parcial. Esto significa que cuando se aplica el criterio de la lex specialis no hay lugar a eliminar totalmente una de las dos normas incompatibles sino solo aquella parte de la ley general que es incompatible con la ley especial. Por efecto de la ley especial, la ley general pierde vigencia parcialmente. Cuando se aplica el criterio cronológico o el jerárquico, por lo general se elimina totalmente una de las dos normas. Luego, a diferencia de la relación cronológica y de la jerárquica que no suscitan necesariamente situaciones antinómicas, la relación de especialidad es necesariamente antinómica, lo que significa que los dos primeros criterios se aplican cuando surge una antinomia y el tercero se aplica porque se presenta una antinomia.”[2]

Es muy importante hacer notar, que tal como ha quedado trascrito, la importancia de que sea la regla de especialidad la determinante para definir cual de las normas se conservará cuando chocan la ley y el tratado, obedece a una situación de justicia, porque de otra manera, persistir en la regla general implicaría dar igual tratamiento a personas que pertenecen a categorías diversas.

Por otro lado, Raúl Medina Mora, sobre el particular determina:

“Comúnmente se enfoca el problema de relación desde el punto de vista de jerarquía de las normas. No cabe duda que en el ordenamiento jurídico mexicano hay una jerarquía en cuya cúspide esta la Constitución. Pero no todo es jerarquía.

(...)

El enfoque correcto para resolver los conflictos es adoptar el punto de vista dualista que sostiene que se trata de dos ordenes jurídicos diferentes, si bien interconectados.

A esta conclusión llega recientemente el Doctor Jorge Adame Goddard del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad en su artículo: “La Ubicación de los Tratados en el Orden Jurídico Mexicano.

(...)

Consecuentemente, propone como solución para concebir el orden jurídico como un sistema compuesto. Cuando ocurra un conflicto, la solución no está en definir cual norma tiene mayor jerarquía sino en definir si el problema se encuadra en el ámbito de competencia del derecho internacional o del nacional.

(...)

En todo lo que concierne a la relación internacional, tendrá primacía el derecho internacional y con respecto a la relación nacional la primacía corresponderá a la legislación mexicana”.[3]

Y lo que nosotros sugerimos es que es el criterio de especialidad, tal como lo explica Bobbio, el óptimo para determinar la nacionalidad o internacionalidad de la relación jurídica a sopesar.