Ya responde el Estado por daños y perjuicios.

Por: Sergio Salvador Aguirre Sánchez

Socio de la firma de abogados Aguirre, Consultores Legales.

En lo cotidiano, al encontrarnos ante una irregularidad de la autoridad ¾por acto, hecho u omisión¾, nos resignamos a contratar un abogado, a pelearnos o cortejar a la enorme burocracia. Pero cuando lo anterior no solo ataca nuestros derechos, sino también nuestro patrimonio, integridad física u honra, nos sentimos impotentes. No sabemos ante quien reclamar si nuestro vehículo cae en un bache y se avería, tampoco como resarcirnos de la pérdida ocasionada por la demora en el otorgamiento de una licencia o una clausura ilegal, mucho menos, que hacer si un funcionario público nos causó un daño patrimonial, moral o físico derivado de su conducta, por decir algunos ejemplos.

En términos generales, de acuerdo al sistema anterior a 2004, primero debíamos acusar al servidor público; luego vigilar nuestra acusación, y cuando su responsabilidad quedara firme, demandarlo por la vía ordinaria civil por el pago de los daños o perjuicios que nos causó. Solo en el caso de que el funcionario no tuviera bienes suficientes (o no se le pudiera identificar), procedía demandar por la misma vía al Estado ¾en sus tres órdenes: municipal, estatal o federal¾. Ya después, obtenida la sentencia condenatoria del Estado para resarcirnos, el problema consistía en ejecutarla (los bienes del Estado son inembargables) mediante procedimientos largos y tediosos, finalizados casi siempre, en un desistimiento del interesado, por el cansancio y los gastos enormes que le representaban esas instancias.

Ese sistema ha sido remplazado por una adición a nuestra Constitución Federal del 14 de junio de 2002 y a la Constitución Jalisciense del 24 de junio de 2003, las cuales entraron en vigor el pasado 1º de enero de 2004. Ambas permiten ahora al afectado, demandar directamente al municipio, estado o federación, por los daños y perjuicios causados por sus funcionarios en su “actividad irregular”. Se considera como actividad irregular aquella que causa una lesión y no hay una norma que obligue al particular a soportarla. Ejemplo clásico de una norma que obliga al particular a soportar una lesión traducida en una disminución en su haber: el pago de los impuestos. Parece novedoso lo anterior, sin embargo en México, apenas nos estamos introduciendo a esta materia: nos encontrábamos muy rezagados incluso de muchos países latinoamericanos.

Como se puede apreciar, ya no es necesario demandar primero al servidor público por vía civil ¾sin que ello merme la responsabilidad administrativa del funcionario¾. Obviamente tampoco agotar su patrimonio ni identificarlo. Ahora basta que la autoridad ocasione una lesión y uno no se encuentre obligado por el derecho a “aguantarla”. Por otro lado, por disposición constitucional y legal, todos los municipios, estados y federación, disponen de una partida presupuestal especialmente destinada a cubrir el pago de este tipo de reclamaciones, por lo que la ejecución de las resoluciones y sentencias se simplifica radicalmente. Como ejemplo, para el ejercicio fiscal de 2004, el gobierno del Estado de Jalisco destinó la cantidad de 25 millones de pesos.

Sin embargo, no todas las lesiones son indemnizables: se excluyen aquellas causadas por caso fortuito, fuerza mayor o no derivadas de su actividad administrativa o causadas por hechos o circunstancias inalcanzables por la ciencia actual. Asimismo, en las leyes correspondientes, se encuentran limitados algunos montos en atención al tipo de lesión (daño moral, físico, etcétera) o al sujeto al que se le infringió (por sus ingresos o actividad). Estas últimas limitaciones relativas al sujeto son a nuestro parecer inconstitucionales, por lo cual el particular que considere su indemnización superior a esos montos podrá hacer valer el amparo.

El procedimiento también es diferente. La reclamación ahora es por la vía administrativa y se debe presentar ante la dependencia a la que se le atribuye la lesión. En caso de negativa, habrá que acudir al tribunal administrativo correspondiente a interponer juicio de nulidad. En materia federal hay un recurso optativo antes de acudir al juicio. Si en esa instancia no se resuelve a favor del particular, puede interponer juicio de amparo directo.

Es probable que a la fecha en que el lector pase por estas líneas todavía se encuentre en estudio para su dictamen en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la ley federal correspondiente. Esperemos que esta situación no dure mucho. Sin embargo en materia local ¾estatal y municipal¾ la ley ya fue aprobada por nuestros legisladores locales y fue publicada el 11 de septiembre pasado. Cabe hacer una aclaración: esta vía solamente opera para aquellos actos, hechos u omisiones derivados del actuar estrictamente administrativo de la autoridad, por lo cual no es viable para actos legislativos o judiciales, como pueden ser las leyes y las sentencias. El plazo para solicitar el reclamo prescribe en un año.

Finalmente, le recomendamos hacer uso correcto y puntual de su nuevo derecho ¾también es un deber cívico¾ y para ello, recabar en cuanto acontezca el evento lesivo, todos los elementos probatorios a su alcance, tales como testimoniales, fotografías, documentos, etcétera, ya que se deberá probar la relación causa-efecto de la lesión y el monto correspondiente. Recordemos en todo momento, que este mecanismo fue creado para mejorar la prestación de los servicios públicos al obligar a las autoridades a ser mas eficientes y responsables, y que lo pretendido es salvaguardar la integridad moral, física y patrimonial de los gobernados: no la procuración de un lucro por astucia.