Aguirre, Consultores Legales

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C.
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL de 2017

PREÁMBULO

PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROFESIÓN

CAPÍTULOS

PRIMERO
PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES
SEGUNDO
RELACIONES CON LOS JUECES, AUTORIDADES, ÁRBITROS O MEDIADORES
TERCERO
RELACIONES CON EL CLIENTE
CUARTO
RELACIONES CON OTROS ABOGADOS Y TERCEROS
QUINTO
SECRETO PROFESIONAL
SEXTO
HONORARIOS Y GASTOS
SÉPTIMO
PUBLICIDAD Y PRÁCTICAS DESLEALES
OCTAVO
APLICACIÓN DEL CÓDIGO

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PREÁMBULO

Es función de la profesión organizada, a través del Colegio que la agrupa y representa, identificar y formular las normas de conducta profesional que recojan los valores y principios que se consideran propios de la actividad profesional del abogado, dando cauce a su ejercicio, permitiendo con ello su conocimiento y su libre aceptación.

Desde su origen, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. plasmó en sus instrumentos constitutivos ciertos principios y reconoció en forma expresa valores que a lo largo del tiempo han sido considerados como fundamentales del quehacer profesional de los abogados y, más tarde, les dio expresión normativa en el ordenamiento deontológico que con motivo de su conformación como colegio profesional emitió en el año de 1948, a través del “Código de Ética”.

Desde entonces, con escasas modificaciones, este instrumento ha sido no solamente el ordenamiento al que se someten los integrantes del Colegio, sino que se ha constituido en un modelo y paradigma para la creación de instrumentos semejantes por otras organizaciones, tanto nacionales como extranjeras.

El ordenamiento creado hace más de sesenta años, no obstante su gran aportación, no responde ya a cabalidad a las modalidades del ejercicio profesional impuestas por la dinámica social, al crecimiento cuantitativo y cualitativo de la profesión, a su entorno mundial, a la nueva concepción de los derechos humanos, a las nuevas tecnologías y aun al uso lingüístico.

Hemos pasado de un ejercicio profesional marcadamente individual a un ejercicio en el que tienen una importancia relevante las organizaciones y en el que la interdisciplinariedad entre abogados que practican diversas especialidades y con profesionistas de otras disciplinas, se ha convertido en una exigencia. Todo ello no solamente justifica un cambio en la normatividad deontológica, sino que lo reclama.

Al proponerse su reforma, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha tenido claro que no se trata de una labor emprendida desde la nada, sino de una tarea ejecutada con la clara conciencia de que el objetivo es reformar el Código de Ética vigente, apreciando su valor, el amplio reconocimiento que lo rodea aun en medios ajenos a nuestra organización y la tácita aceptación de su contenido por la generalidad de los profesionistas que formamos parte de la agrupación o por quienes son ajenos a ella, pero advertidos también de que su cumplimiento efectivo y su aplicación por los órganos del Colegio presenta retos que deben ser atendidos.

Ante ello, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, ha procedido, sobre la base del examen del Código vigente, a identificar aquellos principios y valores que se reconocen como constitutivos y propios del ejercicio profesional de los abogados. Son principios y valores que, en conjunto, dan cuerpo a la práctica profesional entendida en su función social: al servicio del Derecho y como coadyuvante de la justicia.

Al identificar esos principios y valores se ha procurado, también, establecer un criterio acerca del sentido de los mismos en el contexto del propósito de construcción del ordenamiento al que nos abocamos. No se pretende dar una definición o establecer un concepto; lejos estamos de ello. Se busca, solamente, un acercamiento clarificador que guíe la ordenación de las conductas que habrán de establecerse como normas y propiciar así un mejor entendimiento para su aplicación, tanto por sus destinatarios, que son los abogados, como por los órganos del Colegio encargados del control y vigilancia de su cumplimiento.

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, está consciente de que entre algunos de estos principios y valores hay una cercanía tal que no solamente pueden llegar a confundirse, sino que resultaría una tarea vana la de tratar de diferenciarlos. No por ello, sin embargo, renuncia a la idea de búsqueda del criterio de uso que permita su aplicación.

Tampoco se ha intentado una jerarquización. La relevancia de unos frente a otros no puede ser determinada en abstracto si se trata, como es el propósito, de modelar un instrumento que a la vez que refleje lo considerado como una buena práctica profesional, sirva de cauce para llevarla a cabo y para emitir juicios sobre la misma.

Ha sido atendido, entonces, lo que hoy contiene el Código de Ética cuya reforma se propone, pero se ha tenido en cuenta, también, lo que se dispone en instrumentos internacionales acerca de la actividad de los abogados y la forma en que se regula la profesión en otros instrumentos deontológicos.

La observación de la práctica profesional, vista a la luz de lo que a través del tiempo han sido considerados como los comportamientos adecuados, ha llevado a identificar aquellas conductas que pudieran estimarse desviadas y, por tanto, merecedoras de consideración para su regulación y su posible sanción.

La ética, como cuestión que atañe a la persona individual, es el trasfondo de las reglas establecidas. Es la base de sustentación de toda conducta que tiene una evidente connotación social, como es el caso del ofrecimiento y prestación de servicios profesionales. Sin embargo, no han de ser solamente las virtudes personales las que se consideren para el análisis de la conducta profesional, pues más allá de esas virtudes personales se encuentran los principios y valores que han sido reconocidos socialmente como determinantes de una buena práctica.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROFESIÓN

Entendido el ejercicio de la abogacía como una actividad profesional al servicio de la sociedad y no solamente como un medio de vida de quien la practica, se considera que el abogado cumple una función dentro del orden jurídico al poner los conocimientos y habilidades en los que ha sido formado al servicio de quienes requieren de tales conocimientos y habilidades para conseguir, dentro de ese orden jurídico, la realización de la justicia. La protección apropiada de los derechos humanos y las libertades fundamentales de toda persona requiere del acceso a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente, con conocimientos apropiados y regida por ideales y obligaciones éticas. El abogado cumple un fin superior al de sus propios intereses económicos o de otra índole que, aun siendo legítimos, deben ceder ante ese interés superior; es, por ello, un servidor del Derecho y un coadyuvante de la Justicia.

El ejercicio profesional se encuentra sometido a una amplísima gama de situaciones, a las que se debe responder poniendo en juego decisiones de índole moral. Es por ello que tratar de identificar las directrices que por siglos han sido consideradas como los principios constitutivos de la profesión ha sido un paso fundamental, pues los valores en ellos involucrados se convierten en los fines supremos de la actividad y permiten orientar la posición que habrá de adoptarse cuando el profesional se encuentre ante decisiones éticamente relevantes.

Se ha tratado de enunciar el contenido de esos principios y valores a partir de las nociones comunes, lo que, se piensa, es clarificador del sentido que adquieren en el contexto del ejercicio profesional. Es preciso decir, sin embargo, que así como dichas nociones pueden confundirse, no es posible aislarlos, porque es solamente su conjunto lo que presta el carácter de
elementos constitutivos de la profesión.

No se ha pretendido construir una teoría ética o dar una fundamentación a la actuación individual, al desarrollar las conductas esperadas que en tales principios y valores se sustentan; se pretende dar las bases para la aquiescencia reflexiva a partir de la cual todo abogado debe cimentar su actuación profesional. Se persigue, también, que existan elementos con objetividad suficiente para permitir su vigilancia y control, pues el mejoramiento de la profesión para beneficio de la sociedad y de los profesionistas mismos es tarea común, cuya dirección corresponde a la organización que los representa.

Reconocemos que, en su actuación profesional, todo abogado tiene el deber de ceñirse a los siguientes principios y valores:

DILIGENCIA, mostrando disposición de hacer con prontitud e interés, conocimiento y pericia, las cosas que se tienen que hacer;

PROBIDAD, desplegando una conducta guiada por el convencimiento de hallarse asistido de la razón, cumpliendo cabalmente con los deberes, sin incurrir en actuaciones abusivas o inmorales;

BUENA FE, ajustando su conducta al modelo de comportamiento admitido como socialmente correcto, bajo el convencimiento propio de que así debe ser;

LIBERTAD E INDEPENDENCIA, asumiendo con responsabilidad la decisión de actuar de una manera o de otra, o de no hacerlo, sosteniendo las opiniones propias y ejecutando los actos sin admitir intervención ajena en la decisión de llevarlos a cabo;
JUSTICIA, reconociendo la dignidad intrínseca de todos los individuos como sustento de los derechos, actuar en busca de su plena realización, coadyuvando en la obtención de lo que a cada uno corresponde en atención a las circunstancias del caso concreto, exigiendo la efectiva realización de los derechos de unos sin detrimento de los derechos de los demás, procurando evitar los conflictos o resolviéndolos con equidad;

LEALTAD, observando los propios deberes y contribuyendo a la salvaguarda de los intereses cuyo cuidado le sean confiados, haciendo uso de los medios legítimos, con independencia de los resultados;

HONRADEZ, siendo intachable en su actuar, sin acudir a medios impropios para obtener los resultados que podrían esperarse de su actuación;

DIGNIDAD, respetándose como individuo y como profesionista y exigiendo de los demás el respeto debido;

RESPETO, guardando las consideraciones debidas hacia los demás, hacia las instituciones y normas, sin incurrir en abuso.

En la presentación de las normas hemos empleado el masculino gramaticalmente genérico por ser suficientemente explícito, en cuanto tales normas se dirigen especialmente a integrantes del Colegio, sin distinción de género, para no ser redundantes, pues la materia no exige acciones afirmativas o matices diferenciadores.

Tuvimos presente que, al no estar prevista por nuestro sistema jurídico la colegiación obligatoria, la pertenencia al Colegio es de carácter estrictamente voluntario y, por ende, la aceptación de las normas por quienes serán sus destinatarios lo es también, como consecuencia de ser miembro del Colegio.

Reconocemos que la actividad profesional está regulada por normas jurídicas que, en diversos ámbitos, determinan la forma de actuación de los abogados y los sujetan a las consecuencias dispuestas por las propias normas jurídicas. Asimismo, que las disposiciones estatutarias, los reglamentos y acuerdos establecidos por el Colegio norman también la actividad profesional en cuanto, siendo integrantes del mismo, hemos aceptado y protestado su cumplimiento. Por ello, hemos tratado de reducirnos al ámbito de lo que consideramos como propiamente ético, conformando pautas de actuación que, al ser aceptadas, guíen la conducta profesional y contribuyan a orientar la actuación, incluso ante posibles dilemas en los que ninguna de ellas sea claramente preferible a la otra.

En tanto que normas dirigidas a mejorar el ejercicio profesional, el Colegio, como representante de la profesión organizada, debe buscar su acatamiento así como proveer a la regulación de los procedimientos para la aplicación de estas normas y las sanciones que de su incumplimiento pudieran derivar, incluso en el caso de quienes no siendo miembros del Colegio admitan su aplicación y se sometan a los procedimientos. En tal regulación deberá considerar los medios para la solución de las controversias que pudieran suscitarse con motivo de conductas que fueran calificadas como no ajustadas a los deberes enunciados.

Teniendo en consideración lo expuesto, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados propone las siguientes

NORMAS DE CONDUCTA PROFESIONAL

CAPÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS Y NORMAS GENERALES.

Artículo 1. Para el ejercicio de la profesión, el abogado debe tener presente que cumple una función social, por lo que debe actuar conforme a los principios y valores que inspiran este Código, como son la diligencia, probidad, buena fe, libertad e independencia, justicia, lealtad, honradez, dignidad y respeto, de conformidad con lo expresado en su preámbulo, que determina, asimismo, las bases de su interpretación y aplicación.

Artículo 2. En su actuación profesional, el abogado debe:

2.1. Actuar con conocimiento y pericia técnica.

2.2. Llevar a cabo actos de formación y actualización profesional.

2.3. Conducirse con respeto a su cliente, a sus compañeros de profesión, a los terceros y a las autoridades, evitando toda alusión ofensiva, directa o indirecta, por cualquier medio.

2.4. Denunciar, por los medios lícitos y ante las instancias correspondientes, cualquier conducta reprochable de jueces, autoridades o compañeros de profesión.

2.5. Prestar servicios gratuitos o a muy bajo costo, a quienes se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Artículo 3. El abogado debe abstenerse de:

3.1. Aconsejar o realizar actos contrarios a las leyes o a los principios y valores éticos.

3.2. Afirmar o negar con falsedad o aconsejar hacerlo.

3.3. Realizar actos que entorpezcan la pronta resolución de conflictos, trámites o procedimientos.

3.4. Incurrir en cohecho o aconsejar hacerlo.

3.5. Aceptar la asesoría o patrocinio de asuntos contrarios a los principios y valores éticos enunciados.

3.6. Intervenir en asuntos en los cuales no esté de acuerdo con la forma en que el cliente desea plantearlo o desarrollarlo.

3.7. Prestar servicios profesionales cuando por cualquier causa exista incompatibilidad, tales como el desempeño de funciones jurisdiccionales, cargos de autoridad que propicien influencias indebidas o el manejo de información privilegiada.

3.8. Continuar la prestación de sus servicios si concurren circunstancias que
puedan afectar su plena libertad e independencia o su obligación de guardar
el secreto profesional.

Artículo 4. En el ejercicio profesional, con plena libertad, el abogado tiene la facultad de:

4.1. Aceptar o rechazar el asunto que se le plantee.

4.2. Actuar de una manera u otra o de no hacerlo.

4.3. Exigir no ser identificado con las personas que intervengan en los asuntos en que actúe, ni con los hechos involucrados en los mismos.

Artículo 5. Cuando el abogado preste sus servicios profesionales formando parte de una organización o bajo cualquier fórmula de contratación que le subordine, tendrá en consideración las reglas que rijan su relación, sin dejar de observar en su actuación los principios y valores éticos enunciados.

Artículo 6. La relación entre el cliente y su abogado es de confianza y de buena fe; como prestador de un servicio profesional exige de este una conducta apegada a los principios y valores éticos que sustentan su actuación.

CAPÍTULO SEGUNDO. RELACIONES CON LOS JUECES, AUTORIDADES, ÁRBITROS O MEDIADORES.

Artículo 7. El abogado debe guardar respeto a los juzgadores, árbitros, mediadores, otros funcionarios y autoridades. Por tanto, tiene el deber de:

7.1. Brindar apoyo cuando se les agreda, así como para hacer cumplir las determinaciones prescritas en la ley o derivadas del acuerdo arbitral o de mediación.

7.2. Defender a su cliente en el marco de la ley de la forma que considere más apropiada.

7.3. Presentar acusación ante las autoridades competentes o ante el Colegio de Abogados
cuando haya fundamento de queja en contra de cualquiera de ellos.

7.4. Colaborar al cumplimiento de los fines de los procedimientos en que intervenga.

7.5. Exhortar a sus patrocinados o clientes a la observancia de una conducta respetuosa hacia las personas que actúen en los procedimientos.

7.6. Contribuir a la diligente tramitación de los asuntos que se le encomienden y de los procedimientos en los que intervenga.

Artículo 8. El abogado no debe:

8.1. Intervenir en los asuntos en los que haya participado en el ejercicio de sus funciones, ya sea como juzgador, árbitro, mediador, autoridad o cualquier otro cargo.

8.2. Desempeñar el papel de árbitro, mediador o alguna otra función en un procedimiento alternativo de solución de controversias, respecto de asuntos en los que haya participado, a menos que cuente con el consentimiento expreso e informado de todas las partes.

8.3. Intervenir por sí o por interpósita persona en asuntos que se refieran a materias específicas o casos concretos en que halla participado, que deban ser analizados, informados o resueltos por él o por la entidad pública a la cual preste servicios.

8.4. Intervenir por sí o por interpósita persona en asuntos en los que haya asesorado o representado intereses propios o de terceros cuando se incorpore a una entidad pública.

8.5. Permitir que utilicen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no estén legalmente autorizados para ejercerla.

8.6. Influir en las personas que intervienen en los procedimientos, apelando a vínculos políticos, de amistad o de otra índole, empleando recomendaciones o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el jurídico.

Artículo 9. El abogado debe:

9.1. Hacer su mejor esfuerzo para evitar los conflictos y, en su caso, para solucionarlos.

9.2. Abstenerse de aconsejar o ejecutar maniobras fraudulentas, dolosas o de mala fe.

9.3. Abstenerse de burlar los mecanismos establecidos para la distribución o asignación de
asuntos o de alterar la fecha u hora de presentación o recepción de escritos.

9.4. Abstenerse de interponer recursos o incidentes con propósitos dilatorios, abusando de su
derecho.

9.5. Abstenerse de presentar pruebas a sabiendas de ser falsas u obtenidas de manera ilícita.

9.6. Abstenerse de realizar conductas impropias ante jueces, autoridades, árbitros o mediadores, que no correspondan a los fines de los procedimientos seguidos ante los mismos

CAPÍTULO TERCERO. RELACIONES CON EL CLIENTE.

Artículo 10. En su relación con el cliente el abogado debe:

10.1. Fundarla en la confianza recíproca.

10.2. Actuar de modo personal o bajo su responsabilidad.

10.3. Actuar por mandato previo, salvo gestión legítima u orden de autoridad competente.

10.4. Conocer, dentro de límites razonables, la identidad, competencia y poderes de la persona o
autoridad que le haya hecho el encargo.

10.5. Actuar con plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se solicite su
intervención, sin necesidad de justificar su decisión.

10.6. Aceptar solo asuntos respecto de los cuales tenga el conocimiento para atenderlos, salvo
que colabore con un abogado que lo tenga.

10.7. Ocuparse del asunto con la debida dedicación y diligencia.

10.8. Informar con oportunidad sobre la evolución del asunto encomendado y las posibilidades de
solución que surjan.

10.9. Avisar y poner de inmediato a su disposición los bienes o dinero que reciba.

10.10. Expresar su opinión sobre las posibilidades de alcanzar las pretensiones del cliente y el
resultado previsible del asunto.

10.11. Establecer las bases para la determinación de los honorarios y gastos y, en cuanto sea posible, su importe aproximado, haciéndole saber la posibilidad de solicitar y obtener los beneficios de la asistencia jurídica gratuita.

10.12. Comunicar las situaciones que puedan afectar su independencia.

Artículo 11. La relación del abogado con su cliente estará sujeta a las
siguientes normas:

11.1. No debe supeditar su libertad ni su conciencia al interés del cliente.

11.2. No debe anteponer su propio interés al de su cliente.

11.3. No debe intervenir en asuntos en los que haya de sustentar opinión contraria a la sostenida en otro asunto en curso, si existe un riesgo significativo de que esto pudiere perjudicar a cualquiera de sus clientes.

11.4. Debe evitar toda controversia con el cliente acerca de sus honorarios, hasta donde esto sea compatible con su dignidad profesional y con su derecho a una adecuada retribución por sus servicios. En caso de surgir la controversia, ha de procurar que se someta a la mediación o arbitraje del Colegio.

11.5. Debe abstenerse de expensar los gastos de los procedimientos, aunque puede anticiparlos sujetos a reembolso por el cliente.

Artículo 12. El abogado no debe asegurar al cliente el buen éxito del asunto, sino solo opinar sobre sus expectativas respecto del derecho que le asiste.

Artículo 13. Es responsabilidad del abogado:

13.1. Supervisar en forma diligente el trabajo de sus colaboradores.

13.2. Reconocer la responsabilidad que le resulte por su negligencia, error inexcusable o dolo.

13.3. Denunciar la violación de las normas de este Código.

Artículo 14. El abogado debe evitar incurrir en conflicto de interés. Por tanto debe:

14.1. Abstenerse de patrocinar o servir profesionalmente en cualquier forma a quienes tengan intereses encontrados en el mismo negocio. Esta regla será aplicable tanto cuando el abogado preste servicios simultáneamente a los contendientes, como cuando intervenga en favor de uno después de haberlo hecho en favor del otro, incluso a título de consulta, aunque esto tenga lugar después de haberse separado del negocio o de haber sido relevado por el cliente.

14.2. Rechazar cualquier intervención que pueda resultar contraria a la confianza que le fue depositada o implique conflicto de interés respecto de asuntos del conocimiento de otros miembros del grupo, en los casos de ejercicio colectivo de la abogacía o en colaboración con otros profesionales. En procedimientos arbitrales debe considerar las reglas aplicables a los
posibles conflictos de interés.

14.3. Abstenerse de asesorar, representar o defender a más de un cliente en un mismo asunto si existe un conflicto de interés entre estos clientes o un grave riesgo de que sobrevenga respecto de dicho asunto.

Artículo 15. El abogado que acepte un asunto profesional debe atenderlo hasta su conclusión, salvo que exista causa justificada. Se considera causa justificada, que el cliente:

15.1. Mienta o induzca a error al abogado sobre aspectos relevantes del caso.

15.2. Agreda a los juzgadores, árbitros, mediadores, otros funcionarios o autoridades.

15.3. Agreda a la contraparte, a sus abogados o colaboradores.

15.4. Influya o pretenda influir ilícitamente en terceras personas relacionadas con el asunto.

15.5. Transija el asunto sin informar o hacer parte de dicha negociación al abogado.

15.6. Incumpla con los términos y condiciones pactados.

Artículo 16. La renuncia, separación o terminación de la relación no acordada con el cliente se entiende justificada si:

16.1. En un plazo razonable y de acuerdo a las circunstancias, el cliente se niega a designar a otro abogado que lo sustituya.

16.2. La intervención del abogado se vuelve imposible por haber cambiado las condiciones y circunstancias bajo las cuales se produjo la aceptación del asunto.

Artículo 17. En caso de renuncia, separación o terminación de la relación con el cliente, el abogado debe:

17.1. Proteger los intereses de su cliente al momento de la renuncia y por el plazo que se considere razonable según las circunstancias.

17.2. Cooperar con el abogado que lo sustituya y proporcionarle la información necesaria para la razonable protección de los intereses del cliente.

17.3. Entregar la documentación propia del cliente, aun cuando le adeuden honorarios o gastos.

CAPÍTULO CUARTO. RELACIONES CON OTROS ABOGADOS Y TERCEROS.

Artículo 18. El abogado debe cuidar que la conducta de quienes colaboren directamente con él en la prestación de servicios sea compatible con los principios y las disposiciones de este Código.

Artículo 19. El abogado debe:

19.1. Guardar y exigir respeto, sin que influya en él la animadversión de las partes, sus asesores o abogados.

19.2. Abstenerse de aludir a los antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra naturaleza y de incurrir en conductas o expresiones discriminatorias.

19.3. Abstenerse de establecer relación con la contraparte sin la intervención de su abogado, salvo causa justificada.

19.4. Prestar orientación a los colegas de menor experiencia que de buena fe lo soliciten.

19.5. Notificar de inmediato al colega con quien lleve alguna negociación el cese o interrupción de la misma.

19.6. Cumplir estrictamente los acuerdos celebrados con otros abogados.

19.7. Privilegiar la aplicación de las normas de este Código ante cualquier otro al que esté sometido.

Artículo 20. El abogado no debe:

20.1. Intervenir en favor de persona patrocinada en el mismo asunto por un colega, sin dar previamente aviso a éste, salvo el caso de renuncia o abandono del mismo.

20.2. Buscar el contacto con una persona con objeto de asumir un determinado asunto si sabe que está representada o asistida por otro abogado.

20.3. Afectar a su cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle daño o desprestigio.

Artículo 21. El abogado podrá asociarse con otros profesionistas que presten servicios distintos a la abogacía. En tal caso:

21.1. Debe asegurarse que los profesionistas no abogados con los que se asocie respeten las normas de este Código y se sujeten a las aplicables a su profesión, las que debe respetar el abogado. Cuando haya conflicto entre normas correspondientes a cada profesión debe aplicar las de este ordenamiento.

21.2. No debe iniciar o continuar la asociación si existe incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y los servicios prestados por los profesionistas no abogados.

21.3. Debe informar que se encuentra asociado con profesionistas que prestan servicios distintos a la abogacía.

21.4. Debe asegurarse que toda opinión o actividad de carácter jurídico se emita o se ejecute bajo su estricta responsabilidad.

CAPÍTULO QUINTO. SECRETO PROFESIONAL.

Artículo 22. Constituye un deber y un derecho del abogado guardar el
secreto profesional respecto de todos los hechos o noticias que conozca por su actuación profesional. En caso de tener que declarar o informar puede, con independencia de criterio, negarse si con ello incumple el deber de guardar el secreto profesional.

Artículo 23. Ante cualquier decisión de autoridad que le ordene declarar sobre materias objeto del secreto profesional, debe realizar las actuaciones razonables para impugnarlas.

Artículo 24. El deber y derecho al secreto profesional del abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario y de terceros que puedan afectar al cliente. Este deber permanece aun después de que haya dejado de prestarle sus servicios.

Artículo 25. Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o terceros no deben ser grabadas sin la conformidad de todos los que en ellas intervengan y quedan amparadas por el secreto profesional.

Artículo 26. El abogado debe hacer respetar el secreto profesional a su personal y a cualquier persona que colabore con él en su actividad profesional.

CAPÍTULO SEXTO. HONORARIOS Y GASTOS.

Artículo 27. Al estimar sus honorarios, el abogado debe considerar que la retribución por sus servicios no constituye el fin preponderante de la actuación profesional. En su estimación debe tener en cuenta:

27.1. La importancia de los servicios.

27.2. La cuantía del asunto.

27.3. El éxito previsible y su trascendencia.

27.4. La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas.

27.5. Su experiencia, reputación y la especialización que tenga.

27.6. La capacidad económica del cliente.

27.7. La costumbre del foro del lugar.

27.8. Si los servicios profesionales son aislados o constantes.

27.9. La responsabilidad que pueda derivar de su actuación.

27.10. El tiempo a emplear.

27.11. El grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto.

27.12. La posibilidad de resultar impedido de intervenir en otros asuntos o de desavenirse con otros clientes o con terceros.

27.13. El trabajo colectivo de colaboración jurídica que haya requerido el asunto, ya sea de su propia organización o de otros profesionistas independientes que colaboren en el asunto específico en disciplinas especializadas.

Debe distinguir con precisión el concepto de honorarios del concepto de gastos relacionados con el asunto.

Artículo 28. El abogado no debe:

28.1. Asumir interés que implique asociación con el cliente en los asuntos que patrocine.

28.2. Adquirir, directa o indirectamente, bienes relacionados con los procedimientos en que intervenga.

28.3. Compartir honorarios, salvo el caso de colaboración para la prestación de los servicios.

28.4. Exigir, aceptar o recibir honorarios, comisiones o cualquiera otra contraprestación por la referencia o recomendación de un cliente o de un asunto. Tampoco debe hacer pagos por ese concepto.

Artículo 29. Es admisible el pacto de cuota litis como base para determinar el monto de los honorarios profesionales. La cuantía del honorario no podrá ser mayor que el resultado económico recibido por el cliente. El pacto debe contener las bases para el pago o reembolso de gastos.

CAPÍTULO SÉPTIMO. PUBLICIDAD Y PRÁCTICAS DESLEALES.

Artículo 30. Al promover sus servicios, el abogado debe:

30.1. Abstenerse de hacer publicidad, directa o indirectamente, con propósito de especulación o en elogio de sí mismo.

30.2. Ser veraz, cualquiera que sea el medio de comunicación que emplee.

30.3. Abstenerse de utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, de la Abogacía o de la Justicia.

Artículo 31. El abogado no debe:

31.1. Revelar hechos, datos o situaciones afectos al secreto profesional.

31.2. Comprometer su independencia.

31.3. Asegurar la obtención de resultados favorables.

31.4. Establecer comparaciones con otros abogados.

31.5. Formular afirmaciones infundadas.

31.6. Propiciar o promover prácticas desleales.

31.7. Dirigirse a personas afectadas por hechos o acontecimientos susceptibles de ser planteados ante cualquier instancia con el propósito de representarlos o asistirlos para una reclamación, salvo el caso de acciones colectivas.

31.8. Incitar de manera genérica o específica al pleito o conflicto.

31.9. Ofrecer de manera directa o por medio de terceros la prestación de servicios profesionales respecto de asuntos específicos a quienes no sean o hayan sido sus clientes o con quienes no guarde relación de parentesco o amistad.

31.10. Hacer referencia a tarifas o formas de pago de los honorarios.

Artículo 32. Debe abstenerse de formular declaraciones o entregar información, por sí o por interpósita persona, fuera de los procedimientos, cuando dichas declaraciones o información puedan afectar la imparcialidad en la conducción de la investigación o en la decisión del asunto.

Podrá formular declaraciones que resulten necesarias para rectificar informaciones difundidas públicamente que puedan tener efectos perjudiciales para su cliente.

Artículo 33. El abogado debe abstenerse de incurrir en prácticas desleales para la captación de clientela, por tanto, no debe:

33.1. Ofrecer servicios profesionales gratuitos o con costo simbólico a cambio de obtener la contratación de otros servicios.

33.2. Ofrecer servicios profesionales cotizando honorarios significativamente menores a los que hayan ofrecido al cliente otros abogados o a los honorarios habituales en su ejercicio.

33.3. Acordar con otros abogados límites para el cobro de honorarios o medios para la obtención de asuntos.

33.4. Utilizar a terceros con el propósito de lograr la captación de clientes.

33.5. Ofrecer servicios distintos a los de carácter jurídico para captar clientela relacionada con sus servicios profesionales.

33.6. Ofrecer servicios señalando modalidades o facilidades de pago de honorarios.

33.7. Dar a entender que posee la capacidad de influir en la autoridad personalmente o por medio de terceros.

33.8. Informar la identidad de sus clientes sin contar con su autorización.

CAPÍTULO OCTAVO. APLICACIÓN DEL CÓDIGO.

Artículo 34. Las normas de este ordenamiento son aplicables:

34.1. A los integrantes del Colegio, cualquiera que sea la actividad que desempeñen, así como a los integrantes de las asociaciones correspondientes, dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos;

34.2. A quienes no siendo integrantes del Colegio o de sus asociaciones correspondientes acepten someterse a los procedimientos seguidos ante el órgano competente para aplicar este Código.

Artículo 35. En el desarrollo de los procedimientos ante la Junta de Honor para la aplicación de este Código se deberá estar a lo previsto en los Estatutos del Colegio y los Reglamentos correspondientes.

Artículo 36. Cuando se determine la comisión de alguna violación a las normas de este Código, la Junta de Honor podrá aplicar las sanciones expresamente establecidas en los Estatutos.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. Este ordenamiento entrará en vigor una vez aprobado por la Asamblea General de Asociados. La propia asamblea dispondrá los medios para su difusión.
SEGUNDO. Para la aplicación de las normas de este ordenamiento serán seguidos los procedimientos dispuestos en los Estatutos y las normas reglamentarias en vigor.
TERCERO. Cualquier procedimiento iniciado ante la Junta de Honor antes de la entrada en vigor de este ordenamiento deberá ser concluido de conformidad con las normas vigentes en la fecha de inicio de dicho procedimiento.CUARTO. Cualquier queja o procedimiento que se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de este ordenamiento, pero referidos a hechos acaecidos con anterioridad a la misma, deberán ser resueltos conforme a las normas vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos.